Mediante la compra o apropiación indebida de tierras por narcotraficantes y grupos armados ilegales, en los últimos 20 años se ha realizado en Colombia la más aberrante concentración de la tierra, equivalente a una gigantesca contrareforma agraria, aseguró la Contraloría General de la República.
De acuerdo con un documento del ente del control titulado "La gestión de la Reforma Agraria y el proceso de Incautación y Extinción de Bienes Rurales", revelado en un Foro sobre el tema que se realizó este jueves en el Hotel Tequendama, la compra de tierras por parte de los narcotraficantes bordea el millón de hectáreas, equivalente a casi el 3% del territorio nacional y a un 5% de las tierras potencialmente explotables.
Otros estimativos mencionan cifras de cerca de tres millones de hectáreas, como el trabajo de Roberto Steiner y Alejandra Corchuelo de 1999. Y analistas, como Ricardo Rocha, en su estudio del año 2000, indican que los narcotraficantes poseían cerca de 4.4 millones de hectáreas que podrían tener un valor de 2.500 millones de dólares, recordó el Vicecontralor General de la República, Luis Bernardo Flórez Enciso, al instalar el Foro.
Según cálculos del INCORA, los narcotraficantes se han apropiado de casi un 50% de las mejores tierras del país, mientras que cerca de un 70% de los propietarios, en particular los pequeños campesinos, sólo posee el 5% del área, tal como se consigna en un estudio auspiciado por el PNUD y la Dirección Nacional de Estupefacientes sobre drogas ilícitas en Colombia.
Esta contrarreforma agraria que se ha dado con la compra de tierras por los narcotraficantes, ha contribuido a elevar la concentración de la propiedad en pocas manos, mediante transacciones realizadas en los llamados paraísos fiscales y otras instituciones y mecanismos financieros, donde virtualmente se hace imposible rastrear la procedencia del dinero, sostiene la ponencia presentada por la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Defensa y Seguridad.
Impactos negativos de la concentración rural
Para el Vicecontralor General, "La concentración de tierras con recursos ilícitos o mediante medios violentos ha contribuido a la crisis agrícola y social del campo, a más de agudizar desde el punto de vista político, el carácter señorial y dominante de la gran propiedad rural". Flórez Enciso mencionó algunos de los graves impactos que le ha traído al sector rural, a la economía y a la sociedad colombiana, la concentración de tierras, que calificó como "una de las más grandes operaciones de lavado de dineros del narcotráfico, y posiblemente del secuestro y la extorsión":
* Las tierras apropiadas por los narcotraficantes, en muchos casos la más fértiles y mejor localizadas, se convierten en grandes e improductivas haciendas, en lugar de ser utilizadas para labores agrícolas. Así, las propiedades de los narcos no contribuyen a la seguridad alimentaria en la medida en que constituyen fuentes ilegales de ahorro y acumulación para legitimar su inserción social y política pero no en unidades de producción eficientes.
- Se ha limitado la creación de empleos rurales, con sus impactos negativos sobre la pobreza y la calidad de vida de sus pobladores.
- El precio de las tierras se ha disparado en diversas regiones del país, con lo cual se ha estimulado un mercado especulativo, con efectos nocivos sobre la producción.
- La concentración de tierras en manos de narcotraficantes, paramilitares y demás grupos ilegales dejó a su decisión las pautas de inversión rural.
Los dueños del poder real
Flórez Enciso consideró que el fenómeno más grave que está produciendo la concentración de tierras en el país por parte de los narcotraficantes y otros grupos ilegales es que pasaron de ser los "señores de la guerra" a ser los dueños del poder real, a las buenas o a las malas, con la ayuda de sistemas de amenazas y seguridad privada aplicados con métodos violentos, situación que ataca el corazón del régimen democrático.
De no contenerse este fenómeno, advirtió, mediante una acelerada extensión del dominio, el mapa político del país se orientará hacia una estructura autoritaria en los niveles locales y regionales, que se reflejará más temprano que tarde en el nivel nacional.
Extinción del dominio: gestión ineficiente
En su exposición, el Vicecontralor recogió otra conclusión importante del documento de la CGR sobre la gestión de la reforma agraria y el proceso de incautación y extinción de bienes rurales: "El Estado colombiano ha sido totalmente ineficaz para aprovechar la oportunidad de la extinción de dominio de los bienes rurales adquiridos ilícitamente, tanto para mejorar la distribución de la tierra como para estimular la producción".
Al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) sólo se le han entregado 5.300 hectáreas con fines de reforma agraria, cifra irrisoria frente a la magnitud de la población campesina sin acceso a la tierra y en comparación con la enorme cantidad de tierras en manos de los narcotraficantes. La CGR considera que parece que se está muy lejos de alcanzar las previstas en el Plan de Desarrollo del actual gobierno (entregar 150 mil hectáreas en el período 2002-2006, de las cuales 110 mil provendrían de la extinción del derecho de dominio).
La importancia de la Reforma Agraria
El Vicecontralor General de la República finalizó su intervención subrayando la importancia de la reforma agraria, como un tema clave para el desarrollo nacional. "No es, como pretenden algunos, un asunto trasnochado", señaló. Según Flórez Enciso, "El crecimiento del país no puede depender, como lo pretenden los aperturistas a ultranza, de los mercados externos. Es necesario ampliar el mercado interno, y el sector rural es componente esencial del mismo".
En su criterio, es necesario adoptar una reforma agraria de nueva generación, no una simple repartición de tierras, formar un campesinado con vocación de empresariado rural y no de detenedor de tierra para su subsistencia.
