Para ampliar haga click sobre la imagen

 

¿Qué es?

 

La Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas es una instancia de coordinación interinstitucional creada por la Ley 850 de 2003, en donde un conjunto de entidades estatales del orden nacional y territorial en el marco de sus funciones y competencias, conectadas por un sistema de relaciones a través de acuerdos sobre la realización de acciones conjuntas, la gestión asociada y la cooperación interinstitucional, define planes, acciones y recursos con el fin de apoyar a las veedurías ciudadanas y sus redes en el ejercicio del control social a la gestión pública.


¿Cuál es su objeto?

Apoyar a las veedurías ciudadanas y sus redes mediante la asesoría legal, la promoción de la vigilancia a la gestión pública, el diseño de metodologías evaluativas de dicha gestión, el suministro de información sobre los planes, programas, proyectos y recursos institucionalles de la Administración Pública, la capacitación, el impulso a la conformación de veedurías ciudadanas y sus redes y la evaluación de los logros alcanzados por éstas.

 

¿Quiénes la conforman?

Acorde con el artículo 22 de la ley 850 de 2003, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas está conformada por las siguientes instituciones: 

Por mandato de la mencionada Ley la red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas, se ha conformado en los distintos niveles y responsabilidades con la existencia actualmente, de una red nacional y 32 redes departamentales.

¿Cuáles son las responsabilidades específicas que la Ley 850/03 le ha señalado a cada entidad integrante de esta red?

1. A la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior y de Justicia: Les corresponde prestar su apoyo y concurso a las veedurías ciudadanas y a las redes que las agrupan en todo lo relativo al apoyo legal y a la promoción de la vigilancia, para tal efecto, podrán acordar mediante convenios interadministrativos, acciones conjuntas en las materias antes mencionadas.

2. Al Departamento Administrativo de la Función Pública: Le corresponde diseñar metodologías de evaluación de la Gestión Pública, que faciliten el ejercicio de la vigilancia por parte de las veedurías ciudadanas y de las redes que las agrupan. Además, tomando como insumo la información que deben suministrar, en lo pertinente, el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción y el Ministerio del Interior y de Justicia, difundirá la información sobre los planes institucionales y la evaluación del Estatuto Anticorrupción,

3. A la Escuela Superior de Administración Pública: Le corresponde apoyar la organización de los programas de capacitación que demanden las veedurías ciudadanas y las redes que las agrupan.

4. A los organismos de planeación en sus diferentes niveles y ámbitos de acción: Les corresponde suministrar la información sobre los planes, programas y proyectos adoptados por la Administración Pública y organizar sesiones amplias de explicación o instrumentos masivos de divulgación sobre los recursos asignados, beneficiarios y metodologías de seguimiento y evaluación de los mismos.

5. Al Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, el cual funciona a través del Ministerio del Interior y de Justicia: contribuir e impulsar las campañas de conformación de veedurías y redes y las capacitará para el ejercicio de la vigilancia, de la misma manera adelantará evaluaciones de los logros alcanzados por ellas y coordinará la red institucional de apoyo a las veedurías y ejercerá las demás funciones por la ley.

¿Cuáles son los principios rectores que rigen el funcionamiento de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas?

Para su efectivo funcionamiento, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas reconoce y adopta como propios los siguientes principios rectores de funcionamiento de las redes institucionales, sin perjuicio de los principios de la función administrativa: 

• Cooperación. En la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas todas las entidades que la conforman colaboran de manera conjunta con el talento humano y sus recursos técnicos, operativos y financieros disponibles, para el logro de los objetivos propuestos.

• Coordinación. Para procurar el funcionamiento coherente e integrado de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, el diseño y ejecución de las políticas, los criterios que se adopten y las líneas de acción que se definan para el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y sus redes, así como las acciones que se emprendan, obedecen a un proceso organizado y concertado entre sus integrantes.

• Complementariedad. Las Entidades que integran la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas concurren con sus capacidades y sus experiencias específicas, para facilitar la transferencia de conocimientos de acuerdo con sus competencias, garantizando beneficios mutuos hacia el cumplimiento del objeto de la Red.

• Acción Concertada. Para las actuaciones de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, las entidades que la integran constituirán un todo coherente, orientado a facilitar la labor de las Veedurías Ciudadanas y sus Redes. Esta gestión requiere del desarrollo de estrategias de negociación, a efectos de identificar los puntos de acuerdos esenciales y formular y desarrollar estrategias cooperativas.

• Actitud Proactiva y Cumplimiento de Compromisos. Los miembros de la red reconocen y hacen propias las orientaciones, propósitos, proyectos y logros que se definan, con el fin de garantizar el cumplimiento de la labor encomendada y propiciar el mejoramiento continuo, dentro de un buen clima de trabajo, colaboración y confianza mutua.

• Inclusión. Para el desarrollo de su objeto, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas permitirá la participación de otras entidades públicas que, por su naturaleza, promuevan y apoyen el ejercicio del control social de la gestión pública. Igualmente establecerá alianzas con organizaciones privadas, nacionales e internacionales, que apoyen el control social a la gestión pública.

¿Cómo se ha organizado la red para su funcionamiento?

Para su efectivo funcionamiento, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas en el nivel nacional, se estructura de la siguiente forma:

Coordinación: de conformidad con el inciso último del artículo 22 de la Ley 850 de 2003, la coordinación de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas corresponde al Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia, el cual funciona a través de la planta de personal del Ministerio del Interior y de Justicia.

Secretaría Técnica: para su funcionamiento, la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas designará, por consenso, una Secretaría Técnica rotativa, ejercida por una de las entidades que la integran, para un período de un año. La primera Secretaria Técnica, posterior a la firma del presente reglamento, será ejercida por la entidad que se designe por el comité directivo de que trata el siguiente inciso.

Comité Directivo: la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas tendrá un Comité Directivo, integrado por los Representantes Legales de las entidades que la conforman, o por sus delegados.

Comité Técnico: para la ejecución y operación de las líneas de acción de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, se conformará un comité técnico, integrado por un funcionario designado por el nominador o directivo que haga parte del comité directivo de la misma.

Igualmente, este comité elaborará y presentará el plan de acción de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, para aprobación del comité directivo y apoyará su ejecución y evaluación

Subcomités Técnicos: El Comité Técnico podrá organizarse en Subcomités Técnicos, para el desarrollo de las líneas de acción de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas.

 

El comité técnico actualmente está integrado por los siguientes funcionarios:

Diego Álvarez - Verónica Caro de Bernal
Contraloría General de la República

Diana Marcela Bravo Aguilera
Procuraduría General de la Nación

 

Leonardo Bahos Rodríguez
Defensoría del Pueblo

Hugo Gamba - Alba Lucía Camacho
Ministerio del Interior

Elsa Yanuba Quiñones
Departamento Administrativo de la Función Pública

Janet Murcia
Escuela Superior de Administración Pública