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Concluyó indagación preliminar en USPEC: Daño patrimonial por contrato de brazaletes electrónicos

Comunicado de prensa No. 225

 

  • Se solicita iniciar proceso de responsabilidad fiscal. Presunto daño de $246 millones de pesos,  podría aumentar, debido a que la cuantía inicialmente detectada,  fue resultado de un examen selectivo que se realizó en los miles de registros presentes en las bases de datos que sustentaron los pagos, por lo que el monto del daño puede aumentar en la medida que se aplique la formula detectada a la totalidad de registros del contrato, en desarrollo del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
  •  La indagación preliminar se ordenó como respuesta a una denuncia ciudadana y a la advertencia hecha por el Director del INPEC al Ministro de Justicia y del Derecho, respecto a las deficiencias en la ejecución del contrato para prestar Vigilancia Electrónica, suscrito y ejecutado por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC para el periodo diciembre 2014 – enero 2016.
  •  Según el Órgano de Control, parte del daño patrimonial se fundamentó en la suma de periodos pagados a beneficiarios que en las mismas bases de datos se reportaban como “APAGADOS” o “REVISION TECNICA” de periodos anteriores, sin que existiera evidencia de la superación de su estado fuera de servicio.
  •  Deficiencias en los mecanismos de control de las entidades contratante y beneficiaria, llevaron a que por la forma en que se facturaban los servicios prestados, se pagaran días no prestados, reconociendo y descontando periodos completos en una misma factura a iguales beneficiarios.

 
Bogotá, diciembre 28 de 2016.- La Contraloría General de la República ordenó el cierre de la Indagación Preliminar, correspondiente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, recomendando la apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal en contra de servidores públicos y contratistas individualizados en la providencia que concluyó las averiguaciones.

En la providencia señalada, la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad concluyó la Indagación Preliminar ordenada como respuesta a denuncias ciudadanas, y a las observaciones presentadas por el Director General del INPEC  al entonces Ministro de Justicia y del Derecho, sobre las deficiencias en la ejecución del contrato 0321 de 2014, para la prestación del servicio de vigilancia electrónica (SVE) para reclusos en prisión domiciliara, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional.

De acuerdo con las conclusiones obtenidas, $201 millones de daño patrimonial correspondieron a la suma de periodos pagados por beneficiarios que en las mismas bases de datos se reportaban como “APAGADOS” o “REVISION TECNICA” desde periodos anteriores, sin que existiera evidencia de la superación de su estado fuera de servicio. Debido a que el daño probado se extrajo de la aplicación de la fórmula a una muestra selectiva de los registros presentes en las 16 facturas que soportaron los pagos, el monto puede incrementarse en desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal.

Los restantes $45 millones se ocasionaron por la forma en que se contabilizaron las novedades dentro de un mismo periodo, que llevaron a que siempre se pagara un día de más al contratista, sin que el mismo se hubiera causado.  Esto se derivó de la metodología empleada de reconocer todo el periodo y luego por la novedad que correspondiera, descontar los mismos días, pagando el mismo día en que se causó la novedad.  
 
Otras de las observaciones presentadas por el Órgano de Control en la providencia de cierre, consistieron en los reiterados incumplimientos por parte del contratista, en el tiempo de respuesta pactado para la atención de las novedades técnicas de los equipos de monitoreo, pues siendo este de 48 horas, se evidenciaron equipos fuera de servicio por meses completos, sin que existieran acciones correctivas por exigencia de la supervisión contractual.
 
El proyecto de vigilancia electrónica, contratado desde 2011 con la misma empresa, demandaba un número mínimo de 4400 equipos en operación, número que nunca se alcanzó durante la vigencia del contrato 0321 de 2014, materia de la indagación preliminar, por lo que tales circunstancias, al presentarse como deficiencias en la ejecución contractual de la USPEC, serán materia de traslado a las autoridades disciplinarias correspondientes.